El sindicato de docentes privados (SADOP) de la Provincia de Buenos Aires encendió las alarmas ante el recrudecimiento de la violencia en las escuelas privadas. Con niveles de agresividad que ya configuran delitos contra la integridad de las personas, el gremio presentó un plan de acción sindical para defender de forma urgente condiciones de trabajo dignas y seguras en todo el territorio bonaerense.
Desde la organización explicaron que, durante años, este tipo de ataques se minimizaron etiquetándolos como meros «problemas de convivencia» o «conflictos escolares» que debían ser resueltos internamente. Sin embargo, el panorama actual demuestra que las agresiones exceden el ámbito interpersonal: constituyen un problema social severo y un riesgo laboral directo que los empleadores ya no pueden ignorar.
Marco legal: La violencia no es parte del trabajo docente
Una de las bases de este reclamo se sustenta en el Acuerdo Paritario sobre Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación firmado por los sindicatos docentes. Este instrumento normativo ratifica formalmente que la violencia en las escuelas privadas no es un riesgo inherente a la profesión, derribando el mito de que los maestros deben tolerar maltratos o amenazas cibernéticas y físicas como parte normal de su labor cotidiana.
El plan de acción también se encuadra en las directrices internacionales del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio tipifica el acoso laboral, el hostigamiento, la violencia digital y cualquier conducta que vulnere la dignidad profesional como prácticas inaceptables que atentan contra la salud física y psicológica de los trabajadores.
Obligaciones patronales y exigencia de Comités Mixtos
El gremio apuntó de forma directa a la responsabilidad empresarial en los establecimientos de gestión privada. De acuerdo al marco regulatorio vigente, el propietario de cada institución educativa tiene la obligación legal irrenunciable de prevenir los riesgos de trabajo, investigar las denuncias, implementar medidas eficaces de resguardo y acompañar a las víctimas tanto a nivel institucional como judicial.
Ante este escenario, SADOP solicitó la convocatoria urgente a la mesa provincial de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), ámbito coordinado por el Ministerio de Trabajo y en el que deben confluir las cámaras patronales y la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DIEGEP).
El objetivo central de esta mesa es forzar la creación de Comités Mixtos en cada colegio para elaborar estrategias de prevención y frenar el avance de la violencia en las escuelas privadas. Quienes conducen los establecimientos tienen que garantizar canales seguros para que los educadores expongan situaciones de riesgo sin temor a sufrir represalias laborales de ningún tipo.
El impacto social y la destrucción de la autoridad pedagógica
Desde la conducción gremial, que actúa en plena consonancia con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), concluyeron que erradicar este flagelo requiere un compromiso integral que involucre al Estado, a los propietarios y a las familias. El sindicato remarcó que tolerar la desprotección en el aula no solo destruye los entornos saludables de aprendizaje, sino que debilita fuertemente la autoridad pedagógica de los maestros.
Al naturalizar la violencia en las escuelas privadas, se degrada a la escuela como institución de referencia social y se anula su valor primordial como espacio seguro para la construcción de ciudadanía, la convivencia y el desarrollo colectivo
