En los barrios populares de Ushuaia vecinos y vecinas tomaron una decisión drástica: acampar frente a la Casa de Gobierno. El objetivo es exigirle al gobernador Gustavo Melella que no vete la derogación legislativa de dos decretos y una resolución que regulan el subsidio de gas en Tierra del Fuego, vitales para la subsistencia en la región austral.
El conflicto se remonta a agosto de 2025, cuando el gobierno provincial redujo en 50 kilos el cupo de gas envasado subsidiado (originalmente de 450 kilos), afectando de forma directa a 49 barrios populares y zonas periféricas sin acceso a la red de gas natural. La situación se agravó en marzo de este año tras un ordenamiento territorial que dejó sin ningún tipo de asistencia a 13 barrios de la isla, reduciendo a más de la mitad el beneficio para cientos de familias.
Historias de montaña: Vivir bajo cero y sin servicios básicos
Los testimonios de los habitantes del territorio son contundente, Agustina (33), habitante del asentamiento Las Raíces —un sector alto en las entrañas de la montaña invisible de Ushuaia—, describe un panorama desesperanzador: “No tenemos acceso a ningún servicio: el agua la autogestionamos y para la electricidad usamos luces de emergencia. Vivimos en zonas extremas donde el frío no perdona y el gas es una necesidad básica”. Para conseguir una garrafa, debe caminar 400 metros por senderos montañosos debido a la falta de calles transitables.
En el mismo sector resiste Miguel Herrera (44), quien apunta a la falta de planificación estatal histórica: “Hago malabares para que me alcance el subsidio. Si llego, es porque vivo solo y mi casa es tan precaria que no tengo ducha, ni red de agua ni de gas”.
Paradoja energética: La segunda productora de gas del país
La protesta cobró fuerza tras una asamblea interbarrial independiente que trasladó el reclamo a la Legislatura provincial. El pasado 30 de abril, el cuerpo legislativo derogó los decretos del Ejecutivo, estableciendo un plazo que vence este viernes 15 de mayo para que el gobernador decida si aplica o no el veto.
La medida del Ejecutivo afecta a unas 6.000 familias de una provincia con 200.000 habitantes, lo que expone una dura paradoja: Tierra del Fuego es la segunda productora de gas de la Argentina (detrás de Neuquén), generando más de 12 millones de metros cúbicos diarios. “De cada cuatro hornallas que se prenden en este país, una y un poquito más es gracias al gas de nuestra provincia”, grafica Herrera.
El impacto del recorte en la economía familiar
La quita del beneficio arroja cifras imposibles de costear para los sectores vulnerables. Mientras el kilo de gas subsidiado cuesta $160, el valor de la tarifa plena sin asistencia asciende a $2.463.
- Caso 1 (Quita de 50 kg): Una familia que recibe 400 kg subsidiados ($64.000) y debe pagar 50 kg a tarifa plena ($123.150), afronta un costo total de $187.150.
- Caso 2 (Quita de 250 kg): Si se reducen 250 kg del subsidio, la factura combinada escala a $647.750 mensuales.
- Tarifa plena (Exclusión total): El decreto de marzo excluye a los hogares con ingresos superiores a 8 salarios mínimos (tope de $2.900.000 en mayo). Sin el beneficio, el costo de los 450 kilos indispensables para el mes alcanza un total de $1.108.350.
Vigilia y resistencia comunitaria ante el invierno
Pese a haber mantenido una breve reunión con la Ministra de Energía, Gabriela Castillo, los manifestantes denunciaron que las autoridades negaron la existencia de los cortes del servicio. Los vecinos de casi una veintena de barrios —entre ellos Dos Banderas, El Obrero, Cañadón, Itatí y Once de Noviembre— sostienen la vigilia bajo temperaturas que rozan los cero grados y sensaciones térmicas invernales de hasta -10 °C.
El acampe se sostiene gracias a la autogestión comunitaria: pallets, nylon, leña acercada por los vecinos y ollas populares. “Es muy hostil cuando se apaga la salamandra o te quedás sin garrafa. No hay persona que pueda ser funcional acostándose y despertándose con los pies fríos”, concluye Agustina, asegurando que la comunidad permanecerá unida de forma permanente en busca de una ley justa y equitativa que garantice de forma definitiva el acceso al subsidio de gas en Tierra del Fuego.
