El ajuste en la obra pública nacional detonó un frente de conflicto de magnitudes estructurales y sociales en el interior de la provincia de Buenos Aires. Los pueblos de Cacharí, Chillar, Parish y Miramontes se encuentran en estado de alerta y movilización permanente para frenar la instalación de una cabina de peaje sobre la Ruta Nacional 3, una iniciativa que, denuncian, solo busca garantizar el negocio de un consorcio de empresas privadas mientras la calzada se cobra vidas debido al abandono estatal.
El foco del conflicto por peaje en Ruta 3 se concentra en el kilómetro 290. De concretarse el proyecto, la cabina de cobro partiría al medio el vínculo cotidiano entre la localidad de Cacharí (de 3.900 habitantes) y la ciudad cabecera de Azul, obligando a pagar una tarifa a ambulancias, colectivos interurbanos, camiones y vehículos particulares que se trasladan por razones de salud, educación o trabajo.
Un negocio empresarial que divide a las comunidades
A pesar de las pésimas condiciones viales, la licitación ya fue adjudicada a un grupo corporativo que planea activar cabinas en los kilómetros 290 y 380. La respuesta comunitaria no se hizo esperar y cosechó un amplio rechazo político transversal.
En declaraciones al periodista Pablo Cigliutti en el programa País en Vivo a la Mañana por Argentinísima Satelital, el delegado municipal de Cacharí, Raúl Fernández, fue tajante:
«Esta licitación la ganó un consorcio de empresas que planearon instalar un peaje en el kilómetro 290 y otro en el 380. El 290 nos afecta directamente a nosotros, nos quiebra al medio. Como primera medida, no estamos de acuerdo con que se instale un peaje por las condiciones en que se encuentra la Ruta 3, por los siniestros que tenemos; habla por sí sola la vida que se está cobrando la ruta en estos momentos».
Fernández remarcó que todo el arco político opositor, incluyendo a la totalidad de los concejales de Fuerza Patria y hasta la Unión Cívica Radical (UCR), acompaña el reclamo de los pueblos damnificados. «Sólo el PRO y los libertarios están de acuerdo con instalar el peaje», advirtió el funcionario local, quien detalló que las comisiones barriales y los concejos deliberantes se encuentran juntando firmas para exigir que el peaje se traslade al kilómetro 230.
-Cráteres, baches profundos, el desfinanciamiento de las rutas argentinas en toda su dimensión.
El freno de la Justicia Federal al ajuste de Javier Milei
Casi en simultáneo con las protestas vecinales, la Cámara Federal de Mar del Plata dictó un duro revés para la política de parálisis de obra pública de la administración libertaria. El tribunal ordenó al Estado nacional y a la firma Corredores Viales SA la ejecución de medidas de seguridad urgentes en el tramo que une Azul con Cacharí.
Al revocar un fallo de primera instancia del Juzgado Federal N° 2 de Azul —que inicialmente había rechazado una medida cautelar impulsada por el municipio azuleño—, los camaristas dieron por acreditado el «riesgo concreto» y el estado de abandono absoluto de la traza oficial.
Once siniestros viales en apenas seis meses
Para dictaminar la emergencia del corredor, la Justicia se basó en informes de la Policía Federal Argentina que constataron:
- Cráteres, baches profundos y deformaciones de calzada.
- Fuertes hundimientos y «huellas» generadas por el transporte de carga pesada.
- Graves deficiencias en la señalización vial básica.
- Un preocupante historial de once siniestros viales en el último semestre.
La crisis vial actual fue emparentada por referentes del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVYARA) con el desmantelamiento del aparato estatal ocurrido durante la década de 1990, alertando que el envío de fondos para mantenimiento por parte del Poder Ejecutivo nacional es «nulo».
Finalmente sii bien los magistrados aclararon que el amparo no define la responsabilidad de fondo sobre la infraestructura, determinaron que el Estado nacional no puede desentenderse del riesgo de vida inminente. Por este motivo, otorgaron un plazo de 10 días hábiles para que Corredores Viales SA presente un plan de contingencia técnico detallado. El fallo fija un límite máximo de 120 días corridos para concluir tareas de emergencia que mitiguen el peligro.
