El próximo 6 de agosto, el Senado de la Nación será el escenario de una votación crucial para el patrimonio y la territorialidad del país: el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Impulsado por el Poder Ejecutivo, el proyecto tiene como eje central la reforma radical de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), una medida que busca eliminar de manera definitiva los límites vigentes para la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Actualmente, la normativa fija un tope federal del 15% a la extranjerización de tierras por municipio, provincia y nación, y restringe la venta de hectáreas en zonas de frontera o que contengan cuerpos de agua permanentes (como lagos, ríos y glaciares). De aprobarse la nueva propuesta, estas restricciones desaparecerán a nivel federal, dejando en manos de normativas provinciales la potestad de regular o autorizar las operaciones en sus respectivas jurisdicciones.
¿Qué cambiaría si se aprueba la reforma?
El cambio de paradigma es profundo y altera directamente la relación de la Argentina con sus recursos productivos:
- Fin de los techos a la extranjerización: Se remueve el límite del 15% nacional y el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva para inversores privados.
- Apertura de zonas acuíferas y de frontera: Capitales foráneos podrán adquirir inmuebles que alberguen fuentes de agua dulce o que se ubiquen en áreas fronterizas, hasta ahora sujetas a controles de seguridad nacional.
- Desregulación federal: Salvo para Estados extranjeros —que mantendrán controles específicos—, los privados internacionales quedarán habilitados a operar comercialmente con mínimas trabas administrativas.
Un riesgo latente para la soberanía y los recursos estratégicos
Especialistas, investigadores y movimientos sociales advierten sobre los peligros de considerar a la tierra únicamente como un activo financiero. El principal riesgo radica en la pérdida del control estatal sobre áreas clave como la Cordillera de los Andes, el acuífero Guaraní y la Patagonia.
La desregulación en zonas cordilleranas facilita el acaparamiento privado en áreas de interés para la extracción de litio, cobre y minerales de transición energética. Asimismo, entregar la potestad de ríos, lagos y glaciares a capitales trasnacionales condiciona la soberanía hídrica y alimentaria del país a largo plazo, limitando la capacidad de decisión del Estado sobre su propio territorio ante disputas geopolíticas futuras.
¿Quiénes son los mayores dueños de la tierra en Argentina?
La concentración de la propiedad rural en el país evidencia un fenómeno preexistente que la reforma podría acentuar. A continuación, el detalle de los cinco principales grupos y familias terratenientes del país:
| Ranking | Propietario / Grupo | Superficie Aproximada | Ubicación Principal / Rubro |
| 1 | Grupo Benetton (Compañía de Tierras Sud Argentino) | ~900.000 hectáreas | Patagonia (ganadería ovina, lana, forestal y minería) |
| 2 | Familia Sapag / Walbrook (Héctor Agro / El Tejar) | ~600.000 – 700.000 ha | Pampa Húmeda y NOA (agronegocios y producción de granos) |
| 3 | Lázaro Báez (Austral Agro y asociadas) | ~450.000 hectáreas | Santa Cruz (estancias ganaderas y tierras patagónicas) |
| 4 | Cresud (Grupo Elsztain) | ~400.000 a 500.000 ha | Diversas provincias (agronegocios, ganadería y desarrollo inmobiliario rural) |
| 5 | Familia Menéndez / Duhau | ~400.000 hectáreas | Pampa Húmeda y Patagonia (ganadería, agricultura tradicional y forestal) |
