En un contexto marcado por fuertes tensiones geopolíticas y debate público, diversas organizaciones de derechos humanos encendieron las alarmas en Argentina tras conocerse la adhesión del gobierno nacional a una iniciativa internacional promovida por Estados Unidos. Según denunciaron, el proyecto busca reeditar la Doctrina de la Seguridad Nacional, un paradigma militar y político que evoca una de las etapas más oscuras del siglo XX en América Latina.
La controversia escaló luego de una cumbre celebrada el pasado 16 de julio, convocada por el Departamento de Estado norteamericano bajo la figura de su secretario Marco Rubio, a la cual asistió el canciller argentino Pablo Quirno. La propuesta impulsada por Washington contempla una “nueva coordinación” de inteligencia y fuerzas de seguridad que traspase las fronteras nacionales para combatir el denominado «resurgimiento del terrorismo político» de grupos de izquierda.
Según una publicación del diario The Washington Post, EE. UU. ya habría enviado cables diplomáticos a 20 embajadas en la región —entre ellas la de Argentina— para recolectar información sobre activistas y movimientos sociales localizados en el país.
«Diferentes sectores recordaron que la Doctrina de la Seguridad Nacional fue juzgada y condenada institucionalmente en la Argentina con el retorno de la democracia. El histórico informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)»
PERIODISMO EN JAQUE
¿Qué es la Doctrina de la Seguridad Nacional?
Para entender el alcance del debate actual, es fundamental repasar qué implica este concepto político-militar:
- Origen en la Guerra Fría: La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) fue una estrategia militar e ideológica impulsada por Estados Unidos a mediados del siglo XX durante el enfrentamiento geopolítico con la Unión Soviética.
- El «Enemigo Interno»: A diferencia de la concepción tradicional de la defensa —que se enfoca en proteger la soberanía frente a agresiones de otros Estados exteriores—, la DSN desplazó la amenaza militar hacia el propio país. Definió como «enemigo interno» a organizaciones sociales, sindicatos, partidos de izquierda y activistas políticos.
-Marco Rubio. ¿El POSIBLE REEMPLAZO DE DONALD TRUMP EN LAS PRESIDENCIALES 2028?, HOY ES SECRETARIO DE ESTADO.
- Supresión de garantías constitucionales: Bajo el pretexto de defender la «seguridad nacional» o el «orden democrático», la doctrina justificó el quiebre institucional, la instalación de dictaduras militares y la persecución de la oposición política sin fronteras ni límites legales.
- El antecedente del Plan Cóndor: En América Latina, la aplicación práctica de esta doctrina derivó en la articulación represiva entre las dictaduras de la región (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú), provocando miles de persecuciones, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
«La Doctrina de Seguridad Nacional fue el marco conceptual utilizado por el terrorismo de Estado para justificar el plan sistemático de represión ilegal durante la última dictadura militar».
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Repudio masivo y alerta por los Derechos Humanos
Las voces críticas señalan que reavivar este tipo de lógicas de inteligencia transnacional pone en riesgo directo las libertades individuales, los tratados internacionales de asilo y las convenciones de Derechos Humanos ratificadas por el país.
Diferentes sectores recordaron que la Doctrina de la Seguridad Nacional fue juzgada y condenada institucionalmente en la Argentina con el retorno de la democracia. El histórico informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), identificó explícitamente a esta doctrina como el marco conceptual utilizado por el terrorismo de Estado para justificar el plan sistemático de represión ilegal durante la última dictadura militar.
Frente al intercambio de datos e informes de inteligencia sobre militantes y referentes locales, los organismos exigen explicaciones transparentes a la Cancillería sobre qué información fue entregada y advierten sobre el peligro de retrotraer a la región a métodos de persecución política coordinada que se creían superados.
