La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la que denunció violaciones a sus derechos civiles y políticos. El pedido incluye una revisión integral de la condena por la causa Vialidad, pero también un pedido urgente para que se revoque la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta por el Poder Judicial argentino.
Así lo anunciaron en una conferencia de prensa los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego.
«Esta comunicación individual no es un acto de agresión a Argentina o su sistema judicial. Es un hecho natural, previsto en la Constitución Nacional. Estamos aquí planteando que se respeten los derechos de una ciudadana de Argentina, no es un tratamiento de excepción», explicó Valim al abrir la conferencia en un hotel del centro porteño.
Este abogado brasileño, que integró el equipo que defendió a Lula Da Silva cuando fue preso por la causa Lava Jato, explicó que la decisión que tome el organismo internacional es vinculante para la Argentina y tendrá efectos concretos.
Medidas cautelares: la batalla contra la proscripción
Durante la presentación, los abogados explicaron que el objetivo principal es lograr una sentencia de fondo, un proceso que podría demorar varios años. Sin embargo, la comunicación incluye una serie de pedidos cautelares que podrían ser resueltos en unos pocos meses.
En primer lugar, exigieron que se suspenda la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos impuesta por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Marcelo Giménez Uribiru (Tribunal Oral Federal 2). Este punto, considerado por la ex mandataria como «la pena principal», quedó firme hace poco más de un año con el aval de los magistrados de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Para la defensa, esta perpetuidad incumple precedentes claros de la ONU.
El reclamo por la Corte Suprema y las condiciones de detención
El segundo pedido cautelar apunta al restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema, que actualmente cuenta con tres integrantes —los mismos que la condenaron— cuando deberían ser cinco.
En tercer lugar, solicitaron modificar el régimen de prisión domiciliaria para mitigar su dureza. Entre las exigencias destacan:
- El retiro de la tobillera electrónica.
- La eliminación de las restricciones de visitas.
- El acceso al aire libre y un trato igualitario respecto a otras personas en su misma situación.
Además, pidieron que no se responsabilice a la expresidenta por las manifestaciones frente a su domicilio, un foco de conflicto con los jueces de ejecución penal.
¿Cómo sigue el proceso internacional?
Se espera que la presentación pase un primer filtro del Comité para verificar que existan elementos pasibles de reclamo. Una vez superado, será remitida al Relator Especial, quien decidirá si el caso debe registrarse y transmitirse al Estado argentino para que formule sus observaciones.
Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue categórico tras analizar el expediente: «He encontrado tantísimas violaciones y arbitrariedades».
Borrego también destacó un sesgo particular en el proceso de una dirigente elegida dos veces como presidenta: pese a que en la justicia argentina hay mayoría de mujeres, «Cristina Kirchner ha conocido cuatro instancias y no ha coincidido con ninguna mujer fiscal ni juez». Por su parte, Valim remarcó que la exmandataria «jamás podría haber sido condenada por los hechos imputados».
Los derechos vulnerados: «Un escándalo jurídico»
«En términos jurídico-técnicos, es un escándalo lo que le hicieron a la ex presidenta. Si tomamos en serio esta tesis, ningún presidente en Argentina va a quedar libre después de su mandato, todos van a ser encarcelados», graficó la defensa.
La denuncia contra el Estado argentino se fundamenta en la violación de ocho artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los puntos más críticos se destacan:
- Derecho a ser elegido (Art. 25): Vulnerado por la inhabilitación perpetua.
- Derecho a un juicio justo (Art. 14): Al atribuirle responsabilidades por actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente.
- Tribunal competente e imparcial (Art. 14.1): Cuestionando la designación de los jueces y sus vínculos públicos con el ex presidente Mauricio Macri.
- Presunción de inocencia: Alegando que el propio presidente Javier Milei sostuvo públicamente que la condena fue una decisión impulsada por él.
- Doble juzgamiento y revisión superior: Criticando que la Cámara Federal de Casación Penal no analizó los agravios y señalando la participación de Ricardo Lorenzetti en la decisión sobre su propia recusación.
