En una nueva demostración de alineamiento con el poder económico y político, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dio un nuevo paso en el dispositivo de persecución y proscripción al disponer embargos preventivos sobre un segundo paquete de bienes atribuidos a la familia Kirchner y otros procesados en la causa conocida como ‘Vialidad’.
La medida alcanza directamente al departamento de la calle San José 1111, lugar donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, propiedad de la firma Los Sauces S.A. El fallo judicial pone en evidencia la intencionalidad política de la maniobra al sembrar intencionadamente la duda sobre una eventual reubicación del domicilio de la ex mandataria, buscando generar un impacto simbólico y mediático en la opinión pública.
LA CANCHA DONDE SE FIRMARON LOS FALLOS
La resolución lleva la firma de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Cabe recordar que tanto Giménez Uriburu como el fiscal impulsor de estas medidas, Diego Luciani, fueron expuestos públicamente por integrar el equipo de fútbol que disputaba torneos en Los Abrojos, la quinta privada del expresidente Mauricio Macri.
A pesar del evidente conflicto de intereses y la falta de imparcialidad, estos mismos magistrados son los encargados de argumentar la necesidad de «garantizar la indisponibilidad jurídica» de activos, bajo la premisa de cubrir una cifra arbitraria de 685.000 millones de pesos fijada para decomiso.
FOTO: Puede verse a Rodríguez Gimenez Uriburu y por detras al fiscal Diego Luciani, el equipo judicial que jugaba al fútbol con Maurio Macri, y que falló contra Cristina Fernández en la Causa Vialidad.
Un libreto histórico: la persecución a Perón en 1955
Esta estrategia de ahogamiento patrimonial no es una novedad del siglo XXI. Tras el golpe cívico-militar de 1955, la dictadura de Aramburu e Isaac Rojas creó la Comisión Nacional de Investigaciones con un objetivo explícito: desmantelar el patrimonio del General Juan Domingo Perón, embargar sus bienes personales y despojar a la Fundación Eva Perón de sus recursos.
En aquel entonces, como ahora, el argumento de la «corrupción» sirvió de fachada para intentar borrar del mapa político al liderazgo que garantizó los derechos de la clase trabajadora. Cambian los nombres de las doctrinas y los tribunales, pero el objetivo del poder económico consolidado sigue siendo el mismo: proscribir por la vía judicial lo que no pueden derrotar en las urnas.
Hostigamiento a la familia y persecución patrimonial
Esta segunda etapa del embate patrimonial no solo abarca un listado de 144 activos —entre inmuebles, vehículos y participaciones societarias—, sino que reincide en la persecución contra los hijos de la expresidenta. En la resolución se vuelve a incluir el embargo sobre los cinco millones de dólares que Florencia Kirchner mantenía en una caja de seguridad del Banco Galicia, fondos declarados y respaldados dentro del marco legal, pero utilizados reiteradamente como trofeo mediático.
Para justificar el avance sobre los patrimonios de Máximo y Florencia Kirchner, los integrantes del TOF 2 apelaron al artículo 23 del Código Penal y sostuvieron la hipótesis teórica de «beneficios indirectos» derivados de la actividad comercial entre las firmas Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y las empresas patagónicas durante el período 2003-2015.
La resistencia ante el fallo de la Corte
Este avance del TOF 2 se produce de manera paralela a los planteos de nulidad presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, los cuales se encuentran actualmente a la espera de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Mientras el máximo tribunal evalúa los recursos pendientes sobre el primer grupo de 111 propiedades, el juzgado de origen apura los tiempos procesales para profundizar el cerco judicial y mediático.
La estrategia de ahogamiento financiero y proscripción política intenta replicar los viejos métodos de desmantelamiento aplicados al movimiento nacional y popular en 1955, utilizando en esta oportunidad el entramado de Comodoro Py como brazo ejecutor.
