El Gobierno nacional invirtió, entre 2024 y 2025, al menos 1,2 millones de dólares en tecnologías de vigilancia destinadas al monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial y rastreo con drones. La cifra fue revelada por Amnistía Internacional en su informe «Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno argentino», donde la organización advierte que estos sistemas fueron implementados sin pasar por el Congreso ni contar con mecanismos de control judicial.
El reporte reconstruye cómo la administración de Javier Milei, en conjunto con el gobierno porteño de Jorge Macri, ha desplegado un entramado digital que multiplica la capacidad del Estado para perfilar y monitorear a la población, operando bajo un oscurantismo normativo que preocupa a organismos internacionales.
Las herramientas del «Estado de vigilancia»
Según el informe, el arsenal tecnológico contratado por el Ejecutivo incluye:
- Clearview AI: Software de reconocimiento facial cuestionado a nivel global por crear bases de datos mediante la extracción masiva de fotos de internet sin consentimiento.
- Maltego: Plataforma de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) diseñada para cruzar información de redes sociales, dark web y datos personales.
- Drones con cámaras térmicas: Equipamiento con capacidad de seguimiento en tiempo real.
Matt Mahmoudi, asesor de Amnistía Internacional, categorizó estas tecnologías en tres pilares: inteligencia de fuentes abiertas para monitoreo digital, vigilancia biométrica masiva y policiamiento predictivo, que utiliza datos históricos para estimar futuros delitos.
-Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, y Matt Mahmoudi, investigador y asesor de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.
Un entramado legal sin debate parlamentario
El avance de la tecnovigilancia ha sido impulsado mayoritariamente a través de decretos y resoluciones que evitan la fiscalización legislativa. Entre los puntos críticos señalados por Amnistía se encuentran:
- DNU 945: Modificó el sistema de inteligencia nacional ampliando las definiciones de «amenaza».
- Protocolo Antipiquetes: Habilita el registro de manifestantes sin orden judicial.
- UIAAS: La Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que centraliza funciones de reconocimiento facial y predicción delictiva sin un marco claro de control externo.
Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, fue contundente: «Esto avanza sin debate legislativo, sin impacto en los derechos humanos y sin controles. Hay un oscurantismo impresionante sobre esta agenda».
El temor por Palantir y el «efecto inhibidor»
Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es el posible desembarco de Palantir, la firma de Peter Thiel, tras reuniones de altos funcionarios del Gobierno con representantes de la empresa. Aunque las respuestas oficiales han sido vagas, Amnistía teme que se utilicen herramientas de identificación facial avanzadas similares a las aplicadas en operativos migratorios en otros países.
«No hay forma de utilizar la tecnovigilancia a favor de los derechos humanos. Esto se basa en imágenes de personas sin consentimiento. La tecnología no puede funcionar sin vigilancia masiva»
Matt Mahmoudi — Asesor de Amnistía Internacional-.
Además, el informe destaca el «efecto inhibidor» (chilling effect): la percepción de estar siendo vigilados ya está modificando el comportamiento de activistas, periodistas y la sociedad civil. Según las entrevistas realizadas, muchos ciudadanos han comenzado a autocensurarse en redes sociales o a reducir su participación en manifestaciones por temor a represalias.
«No hay forma de utilizar la tecnovigilancia a favor de los derechos humanos. Esto se basa en imágenes de personas sin consentimiento. La tecnología no puede funcionar sin vigilancia masiva», concluyó Mahmoudi.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
Ante este escenario, la organización exige al Gobierno y a las autoridades porteñas:
- Prohibir el uso y desarrollo de tecnologías de vigilancia biométrica masiva y discriminatoria.
- Suspender las herramientas ya desplegadas que carezcan de base jurídica.
- Transparentar el presupuesto y funcionamiento de la UIAAS.
- Reactivar la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en el Congreso.
