El 31 de agosto de 2016, la derecha brasileña consumó la destitución de Dilma Rousseff. Para derrocar a la presidenta no necesitó tomar el poder mediante las armas: en su lugar, subvirtió las instituciones y disfrazó un Golpe de Estado bajo la figura de un impeachment, abriendo paso a un régimen que despojó de derechos a las mayorías.
Las perspectivas puramente institucionalistas suelen omitir las disputas de poder extra-institucionales. Esta visión no logró advertir que las dictaduras militares del siglo XX fueron sustituidas por la «guerra jurídica» (lawfare), donde el Poder Judicial aplica la ley de manera arbitraria a favor del establishment y en perjuicio de los movimientos populares.
El engranaje judicial-político: Moro, Lula y Bolsonaro
El paradigma central de este esquema se consolidó mediante la Operación Lava Jato, bajo la conducción del entonces juez Sergio Moro. A través de una actuación carente de imparcialidad, Moro aceleró el juzgamiento y la posterior condena sin pruebas determinantes contra Luiz Inácio Lula da Silva, logrando su encarcelamiento en 2018 y su consecuente proscripción electoral cuando encabezaba todas las encuestas presidenciales.
La remoción de Rousseff y la anulación política de Lula despejaron el camino para el triunfo electoral de Jair Bolsonaro en 2018. La trama detrás del lawfare quedó explícita al asumir el nuevo gobierno, cuando Bolsonaro nombró a Sergio Moro como su ministro de Justicia y Seguridad Pública, premiando el rol clave del magistrado en la reconfiguración del mapa político brasileño (un proceso posteriormente expuesto por las filtraciones de VileLeaks y la posterior anulación de las condenas de Lula por parte del Supremo Tribunal Federal debido a la parcialidad de Moro).
El caso de Brasil se sumó a una lista que ya integraban Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, desplazados mediante artilugios parlamentarios, así como la proscripción de otros líderes de la región como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Esta flexibilidad legal le permite al poder económico remover o vetar a los gobernantes que le resultan incómodos.
La amenaza neofascista a la democracia
Hoy, además de profundizar la fragilidad democrática, la derecha va más allá del uso del aparato judicial: busca destruir el consenso básico del principio democrático. Para ello, desprestigia los acuerdos mayoritarios y erosiona los valores de coexistencia plural. Se construye así una narrativa que transforma al adversario político en un enemigo a eliminar, apoyada en el dominio de las redes sociales para el ascenso de líderes autoritarios.
Así se expresa un neofascismo que utiliza los medios institucionales de manera despótica, sosteniéndose en la fuerza de su propia posverdad. Si limitamos la definición de Golpe de Estado al cese formal del juego institucional, se pierde de vista cómo operaron históricamente el fascismo o el nazismo como desgastes constantes sobre las bases de la república para imponer su poder absoluto.
A diez años del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, la lección es clara: la democracia formal ya no garantiza el equilibrio entre fuertes y débiles. Para defender los derechos de las mayorías y recuperar un verdadero «Gobierno del Pueblo», es imprescindible reafirmar el compromiso con la voluntad popular, dar la disputa por el sentido democrático y defender el sagrado principio de la igualdad, tal como lo proponía Mariano Moreno en los albores de nuestra nación.
