El amarre del buque petrolero VS Promise en el puerto de Ushuaia a fines de agosto abrió un nuevo capítulo en la disputa política e institucional entre el Gobierno nacional y la administración de Tierra del Fuego. La embarcación, registrada bajo la bandera de la Isla de Man —territorio dependiente de la Corona británica—, arribó a la terminal fueguina tras haber realizado operaciones de carga de hidrocarburos en la zona de Río Cullen.
La presencia de la nave generó un inmediato rechazo por parte del Gobierno provincial, que exigió explicaciones a las autoridades nacionales y planteó duras objeciones vinculadas a la legislación local sobre embarcaciones británicas y a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas. El episodio se dio, además, en un contexto de alta sensibilidad: la terminal marítima capitalina se encuentra bajo intervención federal desde principios de año, un factor que profundizó la tensión entre ambas jurisdicciones.
¿Qué se sabe sobre el petrolero?
El VS Promise es un buque petrolero de gran porte dedicado al transporte de crudo, con aproximadamente 228 metros de eslora y una capacidad de carga superior a los 500.000 barriles. Antes de dirigirse al muelle comercial de Ushuaia, la nave completó tareas logísticas ligadas a la cuenca hidrocarburífera en el norte de la isla.
El punto central de la controversia residió en su registro de navegación. Para las autoridades fueguinas, la bandera británica de la embarcación entró en directo conflicto con el marco normativo provincial que regula y limita el accionar de este tipo de naves en aguas continentales.
La Ley «Gaucho Rivero» en el centro de la escena
El principal argumento del Ejecutivo provincial para cuestionar la permanencia del VS Promise fue la Ley Provincial 852 (conocida como Ley Gaucho Rivero), sancionada en 2011. Esta legislación reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, e impone severas restricciones a la logística británica.
En su artículo 2°, la norma prohíbe taxativamente la permanencia, el amarre, el abastecimiento y la asistencia técnica en territorio fueguino a buques de bandera británica o de conveniencia que participen en la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas, así como a unidades militares.
Sin embargo, el alcance de su aplicación en este caso reabrió la discusión jurídica y política, dadas las características particulares de la operación hidrocarburífera previa y el hecho clave de que la administración portuaria ya no estaba bajo control provincial.
El trasfondo de un puerto intervenido
El desembarco del petrolero ocurrió mientras el Puerto de Ushuaia permanecía intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), medida dispuesta en enero mediante la Resolución 4/2026. En aquel momento, el organismo nacional justificó la toma de control administrativo, técnico y operativo por el plazo de 12 meses alegando supuestas irregularidades financieras, inconsistencias de infraestructura y la necesidad de resguardar la seguridad operativa.
Desde el Gobierno nacional remarcaron la condición estratégica de Ushuaia como nodo clave en el Atlántico Sur y proyección hacia la Antártida. La provincia, por su parte, rechazó la intervención desde el primer día y mantiene una puja judicial para recuperar la gestión de la terminal, un conflicto que la llegada del VS Promise no hizo más que reavivar.
