A 351 días de la promulgación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo mantiene en suspenso la aplicación efectiva de las partidas destinadas al sistema de educación superior. Pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó las medidas cautelares que obligan al Estado a actualizar salarios de docentes y no docentes e incrementar las becas estudiantiles por inflación, el Gobierno aún no ha transferido la totalidad de los fondos exigidos por el marco normativo.
La posición de la UNQ: «Sin ley de financiamiento, la universidad pública y la ciencia agonizan»
Por su parte, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) expresó en su comunicado oficial titulado «Sin ley de financiamiento la universidad pública y la ciencia nacional agonizan» que el desfinanciamiento constante pone en riesgo inédito la continuidad de las actividades académicas e investigativas.
Desde la casa de altos estudios quilmeña exigieron la inmediata aplicación de la ley ratificada por la Justicia:
«Para que las generaciones por venir tengan los mismos derechos que las que pasaron y puedan soñar con un futuro mejor y más justo. Para que la Argentina que nos merecemos sea posible, exigimos el cumplimiento de la ley«.
Asimismo, las autoridades rectorales de la UNQ -junto al conjunto de universidades públicas bonaerenses- remarcaron que el retraso presupuestario impacta directamente en el pago de servicios básicos, insumos de laboratorios y la recomposición de haberes frente a la pérdida del poder adquisitivo.
La resolución judicial: la Corte puso freno al bloqueo del Ejecutivo
En un fallo unánime de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos extraordinarios presentados por el Estado Nacional y confirmó la validez de la medida cautelar interpuesta por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El fallo de la Justicia ratificó que el Gobierno no puede inaplicar o frenar de facto los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, los cuales ordenan:
- Artículo 5: Recomposición salarial para el personal docente y no docente de las universidades nacionales ajustada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Artículo 6: Aumento y actualización periódica automática de las becas estudiantiles (como las Becas Progresar y Manuel Belgrano) acumulado por inflación.
Adicionalmente, la justicia contencioso administrativa federal declaró la inconstitucionalidad del decreto del Ejecutivo con el que pretendía congelar la aplicación de la norma.
¿De cuánto es el monto presupuestario que exige la norma?
El impacto económico total de la ley equivale a $738.595 millones (aproximadamente el 0,14% del Producto Bruto Interno – PBI), según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Los rubros de esta partida presupuestaria se desglosan en:
- Recomposición salarial (Docentes y No Docentes): Cerca del 71% del costo total ($524.000 millones), destinado a cubrir el desfasaje acumulado frente a la inflación oficial.
- Gastos de funcionamiento operativo: Un incremento de $180.000 millones para saldar las facturas de servicios públicos, mantenimiento edilicio e insumos de laboratorios e investigación.
- Becas e infraestructura estudiantil: Alrededor de $34.500 millones asignados a la actualización por IPC de programas de retención universitaria.
El recorrido parlamentario: cómo votaron las Cámaras
La Ley de Financiamiento Universitario se consolidó tras un prolongado debate parlamentario en el Congreso Nacional:
| Cámara | Resultado de la Votación | Detalle de las Bancadas |
| Cámara de Diputados | Aprobada (143 votos a favor, 87 en contra y 5 abstenciones) | Impulsada por bloques opositores (Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal y Coalición Cívica). Votaron en contra La Libertad Avanza y sectores del PRO. |
| Cámara de Senadores | Sancionada (58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones) | Logró superar holgadamente la mayoría de dos tercios. Apoyada de manera transversal salvo por el bloque oficialista y aliados firmes. |
Posteriormente, tras el veto total aplicado por el Poder Ejecutivo, ambas Cámaras ratificaron el texto original con mayorías agravadas de más de dos tercios, lo que convirtió la norma en ley firme, previa a la controversia judicial vigente.
