El Gobierno nacional autorizó la realización de operaciones de endeudamiento público por hasta 5.000 millones de dólares y habilitó la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York para eventuales litigios vinculados a esos contratos. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
Según detalla la normativa, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional a través de préstamos otorgados por entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.
Qué implica la prórroga de jurisdicción
El decreto autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incorporar cláusulas que establecen la competencia de los tribunales de Nueva York para resolver controversias relacionadas con estas operaciones financieras. En la práctica, esto significa que la República Argentina renuncia a invocar la inmunidad de jurisdicción ante reclamos judiciales que pudieran iniciarse en esa sede respecto de los contratos alcanzados por la medida.
La utilización de tribunales extranjeros en acuerdos de financiamiento internacional es una práctica habitual en los mercados de crédito, ya que suele ser exigida por acreedores e inversores como condición para otorgar financiamiento.
Los bienes que quedan protegidos
A pesar de la cesión de jurisdicción, el Gobierno estableció una serie de límites destinados a preservar activos considerados estratégicos para el Estado argentino.
El decreto aclara que no existirá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre:
- Las reservas y cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
- Los bienes del dominio público ubicados en territorio nacional.
- Los activos destinados a servicios públicos esenciales.
- Los bienes declarados de utilidad pública por el Congreso y a los protegidos por inmunidades diplomáticas y consulares.
- Los activos militares y aquellos bajo control de organismos de defensa y seguridad.
- Los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación.
- Los impuestos y regalías adeudados al Estado nacional.
De esta manera, aunque eventuales disputas puedan dirimirse en tribunales estadounidenses, esos bienes quedan excluidos de posibles medidas de ejecución o embargo.
Economía definirá las condiciones de las operaciones
La normativa también faculta al Ministerio de Economía a establecer los plazos, las monedas y los mecanismos de financiamiento que se utilizarán en cada operación. Asimismo, la cartera que conduce Luis Caputo podrá designar entidades financieras participantes, suscribir acuerdos vinculados a las colocaciones, contratar agentes fiscales y calificadoras de riesgo, además de autorizar el pago de comisiones y gastos asociados a las operaciones.
Una nueva estrategia de financiamiento
La decisión se inscribe en la estrategia del Gobierno para acceder a financiamiento externo en mejores condiciones y fortalecer las cuentas públicas en el marco del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei. Desde el Ejecutivo sostienen que la participación de organismos multilaterales como garantes permitirá obtener tasas más competitivas y ampliar el acceso al crédito internacional.
