A pesar de los intentos del Gobierno argentino por minimizar el impacto del conflicto diplomático provocado por las recientes declaraciones de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva, la crisis política sumó un nuevo capítulo en los tribunales del país vecino.
El Partido dos Trabalhadores (PT) formalizó una denuncia ante la Justicia Electoral para investigar la agenda que el jefe de Estado argentino realizó el pasado sábado en San Pablo. La presentación judicial apunta a determinar el origen de los fondos con los que se costeó el traslado y la logística del mandatario libertario, quien en pleno año electoral mantuvo un encuentro con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y eventual competidor de Lula para los comicios del próximo 4 de octubre.
«Injerencia externa» y riesgo para la soberanía electoral
La denuncia, impulsada de forma conjunta por el PT y sus aliados del Partido Verde (PV) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), sostiene que la irrupción de Milei en la escena política paulista constituye una «injerencia externa indebida».
Según el texto presentado ante los estrados judiciales, la actuación del libertario vulneró principios clave de la legislación local:
- La preservación de la soberanía nacional frente a intervenciones extranjeras en la contienda política.
- La igualdad de condiciones entre las distintas fuerzas competitivas.
- La neutralidad e imparcialidad administrativa de las instituciones locales.
Duros cruces, tensión en Itamaraty y la postura de la Casa Rosada
Durante su estadía en suelo brasileño, Milei participó en un acto público donde recibió una distinción por parte del gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas. En ese marco, el mandatario argentino volvió a calificar a Lula de «ladrón» y «presidiario», lo que derivó en un inmediato repudio de la cancillería brasileña.
«Cada vez que el cachorro de Bolsonaro aparece con alguien, logra empeorar. ¡Con ustedes, la más reciente revelación del amigo invisible de Flávio Bolsonaro: Javier Manos de Tijera!», expresa el tweet del Partido de los Trabajadores, tras el ataque sin sentido que realizó el presidente argentino, contra la figura de Lula Da Silva.
El Palacio de Itamaraty llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, mientras que el canciller Mauro Vieira citó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle formalmente el rechazo del gobierno de Lula.
Por su parte, desde la Casa Rosada buscaron bajarle la temperatura a la controversia. El vocero presidencial, Adrián Ravier, argumentó que la visita tuvo carácter «oficial» y encuadró los adjetivos de Milei dentro de desacuerdos puramente políticos e ideológicos:
«La Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático. No creemos que esto vaya a impactar en la parte diplomática ni que afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos».
ADRIAN RAVIER. VOCERO
Qué exige la investigación de la Justicia brasileña
Más allá de los llamados a la calma desde Buenos Aires, la vía judicial abierta por el oficialismo brasileño busca precisiones sobre el uso de recursos estatales. La presentación exige determinar:
- La naturaleza jurídica real del viaje (si respondió a una agenda de Estado o a un acto de carácter partidario).
- El origen del financiamiento de los vuelos, alojamiento, traslados internos y operativo de seguridad.
- El posible uso de fondos públicos argentinos para influir en la contienda electoral del país vecino.
- Eventuales desvíos o apoyos logísticos por parte de la estructura administrativa del Estado de San Pablo a favor de la candidatura del Partido Liberal (PL).
Fuentes al tanto de la demanda señalaron que el oficialismo brasileño aguarda con cautela el avance de los tribunales electorales, decididos a que el episodio no quede limitado a un mero cruce de declaraciones en los medios.
