El polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que desestimó el reclamo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y dejó firme la derogación de la Ley de Tierras generó una inmediata ola de reacciones. En cuestión de horas, el descontento pasó de las declaraciones al plano de la acción directa, desplegando un doble frente de conflicto: la ofensiva parlamentaria en el Congreso y la movilización social en las calles.
Todo esto ocurre en un escenario político particular, con un Poder Ejecutivo acéfalo de manera temporal: el presidente Javier Milei aterrizó en París, la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra en España y la titularidad del Gobierno quedó interinamente a cargo del senador Bartolomé Abdala.
La estrategia en el Congreso: sesión especial y pedido de juicio político
En el Palacio Legislativo, la reunión entre el bloque de diputados de Unión por la Patria y los excombatientes del CECIM marcó el punto de partida. Durante el encuentro, los veteranos dejaron en claro su postura frente al argumento de la Corte Suprema sobre la falta de legitimación para accionar judicialmente:
«No necesitamos la legitimación de ningún trío de privilegiados. Nosotros estamos legitimados por la historia y por nuestro pueblo», manifestaron los representantes del CECIM.
A partir de esta reunión, el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, confirmó que solicitarán una sesión especial en la Cámara de Diputados para intentar derogar de forma definitiva el DNU 70/23, normativa que ya cuenta con el rechazo del Senado. Para lograrlo, el espacio busca abroquelar el respaldo de bloques provinciales y la izquierda.
Por su parte, el diputado Juan Marino anticipó que presentará un pedido de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, aunque la iniciativa enfrenta un camino complejo, dado que el oficialismo mantiene el control de la comisión respectiva.
Del Congreso a las calles: asamblea en Parque Lezama y marcha el 6 de octubre
La respuesta social al fallo no tardó en articularse a través de organizaciones populares, sindicales y agrupaciones autoconvocadas:
- Asamblea Popular en Parque Lezama: Espacios enmarcados en la Marcha de la Bronca —junto a más de 300 organizaciones políticas, de derechos humanos, feministas y culturales— convocaron a una asamblea este viernes a las 17 horas para definir el plan de lucha.
- Reunión clave de la UTEP: Dirigentes de los gremios de la economía popular se reunirán en las próximas horas para sumar a otros movimientos sociales y coordinar las medidas de fuerza.
- Movilización a Tribunales: La fecha preliminar para una marcha masiva frente a la sede del Máximo Tribunal está fijada para el martes 6 de octubre, bajo la consigna central de frenar la «extranjerización de la tierra» y exigir la anulación del DNU 70/23.
Un octubre convulsionado en la agenda pública
La marcha impulsada por el CECIM y los movimientos sociales se inserta en un calendario de fuerte conflictividad para el mes de octubre:
–Marcha por la industria: Evaluada por la CGT para mediados de semana.
–Encuentro Plurinacional: Del 10 al 12 de octubre en la ciudad de Córdoba.
–Quinta Marcha Federal Universitaria: Programada para el 15 de octubre, que también prevé tener como epicentro la sede del Palacio de Justicia.
Con la tensión en aumento entre el Poder Judicial, el Congreso y los movimientos sociales, la resolución de la Corte sobre la Ley de Tierras reactivó la disputa política en un mes clave para la gestión de gobierno.
