El plan de ajuste sobre la Administración Pública Nacional pasó de ser una bandera de gestión a una crisis financiera familiar generalizada. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el gobierno de Javier Milei recortó un 40,5% del salario real de los estatales nacionales, utilizando las remuneraciones públicas como el ancla principal para la desaceleración inflacionaria.
Los datos surgen del primer Informe sobre mora, salarios reales y asfixia financiera en el Sector Público Nacional (2023-2026), publicado por ATE Capital. El relevamiento muestra el choque directo entre el ajuste salarial y el sobreendeudamiento: el índice de remuneraciones cayó de 100 a 59,5 puntos, al tiempo que la mora crediticia irregular (Situaciones 3 a 5 del Banco Central) se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. Hoy, casi uno de cada cinco trabajadores públicos no puede afrontar sus deudas.
La matemática de la asfixia: salarios en caída y créditos para sobrevivir
La correlación entre paritarias pisadas por debajo de la inflación y el endeudamiento personal muestra un deterioro constante y acumulado a lo largo de la gestión libertaria:
- Noviembre de 2024: Con una inflación acumulada del 166% y un aumento salarial del 87%, la pérdida real fue del 29,7%. La mora se ubicó en 5,7%.
- Diciembre de 2025: La inflación trepó al 259,2% frente a incrementos del 121,2% (pérdida del 38,4%). La mora trepó al 14,4%.
- Junio de 2026: La inflación alcanzó el 319,8% contra aumentos del 149,8%, consolidando la pérdida del 40,5% y marcando un récord de mora del 18,6%.
El aspecto más crítico del informe radica en la calidad de la deuda: el 80,7% de los estatales en situación irregular se encuentra en riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA). Sin capacidad de ahorro ni recomposición de haberes, los trabajadores quedaron al margen de cualquier posibilidad de refinanciación dentro del sistema bancario tradicional.
Del banco al negocio usurero: el auge de las fintechs
La pérdida de poder adquisitivo empujó a miles de familias a recurrir a entidades no bancarias, plataformas digitales y financieras informales no para especular, sino para cubrir gastos de canasta básica: alimentos, servicios públicos, alquileres y medicamentos.
| Entidad Financiera / Plataforma | Estatales en Mora | Tasa de Incobrabilidad / Mora |
| Banco Nación | 24.407 | 8,56% |
| Tarjeta Naranja | 16.766 | 23,75% |
| MercadoLibre | 16.349 | 13,19% |
| Naranja Digital | 9.653 | 31,86% |
| Banco Galicia | 4.702 | 15,46% |
| Moni Online | 3.531 (sobre 5.832 clientes) | 60,53% |
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, denunció el circuito de endeudamiento: «El ajuste brutal del gobierno no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparados en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos confiscan el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias».
Seguridad, Defensa y el Norte: los sectores más golpeados
El mapa del sobreendeudamiento expone asimetrías tanto sectoriales como territoriales dentro del Estado:
- Fuerzas de Seguridad y Defensa: Registran los índices de morosidad más altos del Estado. El Ejército encabeza la lista con un 30,1% de mora, seguido por el Servicio Penitenciario Federal (28,5%), la Policía Federal (24,2%), Gendarmería (24,1%), Prefectura (21,9%), la Fuerza Aérea (21,8%) y la PSA (20,7%). Los organismos civiles, en promedio, se mantienen por debajo del 20%.
- Brecha territorial: En las provincias del Norte y la Patagonia, la mora roza el 30%. La Rioja encabeza la lista provincial con un 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%) y Salta (26,33%). En el centro del país los números se moderan: Buenos Aires registra 19,35%, Córdoba 19,19% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marca el piso nacional con un 9,56%.
- Perfil del endeudado: El mayor volumen de mora se concentra en los empleados civiles de entre 36 y 55 años con cargas familiares a cargo.
Desde el gremio estatal exigieron la apertura libre de paritarias para recuperar la pérdida del 40,5%, la actualización salarial según la canasta del IPC, medidas para la condonación de deudas usureras y el establecimiento de topes legales a las tasas de interés que cobran las financieras sobre los haberes de los trabajadores públicos.
